En la Argentina estamos presenciando un proceso que encuentra su punto de partida con el regreso de la democracia, en aquella primavera del 83’. No es que antes no hubiésemos tenido noticias de él, pero en aquel entonces, este proceso se corporizaba en algunos partidos políticos con escaso apego al sistema democrático y con una clara orientación hacia las políticas hostiles y violentas, no era, a priori, refrendado por partidos con disciplina e historia democrática como lo han sido -el tiempo verbal es el correcto- el Partido Radical y el Partido Socialista. Este proceso, llevó lentamente y decididamente a los partidos políticos imperantes en nuestro país hacia la identificación cada vez mayor con el tipo penal que configura la asociación ilícita, normado en el art. 210 y 210 bis de nuestro Código Penal.
Poco quedó de aquel Partido Radical de Alem, Yrigoyen, Balbín, Illia, del Partido Socialista de Palacios, de claras opciones que la coyuntura de nuestro país desplegaba para los ciudadanos que quisieran optar por una sociedad democrática, justa, donde la ética y la moral tuviesen un lugar preponderante en las decisiones de gobierno. En contraposición con las opciones mas violentas que proponían: populismos perimidos y carentes de verdaderas respuestas a los problemas de la sociedad; mas allá del manoseo innecesario de la figura retórica del pueblo.
Las asociaciones ilícitas que hoy operan en la arena política de nuestro país, bajo el mote poco original de Partidos Políticos, han encontrado una manera de vivir a costa del Estado. Solo persiguen poder económico y político, que en definitiva, salvando la perogrullada, es económico también. Discursos vacíos de contenido, falsos antagonismos, posiciones irreconciliables que continuamente se reconcilian; todos forman parte del mismo juego en el cual los ciudadanos somos rehenes, meros espectadores, humillados por los miembros de estas asociaciones que siguen aferrándose lastimosa y dantescamente a las vísceras del Estado. Asociaciones que operan junto a otras asociaciones que son la verdadera fuente de poder en nuestro país.
Los ciudadanos argentinos no escapan a esta triste transformación, por que son ellos mismos, salvando honrosas y varias excepciones, los que dan lugar a esta transformación, con su escaso apego a las normas que rigen nuestro estado de derecho. Son ellos mismos, incapaces de la menor autocrítica, quienes fustigan con animadversión furibunda las acciones ilícitas y delictuales de quienes están en posiciones de gobierno o de poder, sin reconocer ni advertir que son ellos mismos quienes viven su cotidianeidad vulnerando todas y cada una de las normas que los contienen y delimitan su actuar en sociedad. Desde las simples normas de consorcio, pasando por las administrativas, las normas de tránsito, espacio público, etc. Son ellos quienes manifiestan un claro desdén hacia cualquier norma que trate de limitar su accionar en pos de la entelequia que para ellos significa el ilusorio bien común.
Nos encontramos los Argentinos, como sociedad, en una situación compleja y complicada, donde tenemos que decidir, de una vez y para siempre, en que tipo de sociedad queremos vivir y por consiguiente que tipo de sociedad queremos dejarle a nuestros hijos, siendo conscientes de que el cambio debe operar primero desde nosotros mismos para poder después exigir lo que como nación civilizada y madura nos merecemos. Para esto es necesario hacer un verdadero análisis introspectivo, obviando la práctica tan común del doble discurso permanente, de la proyección como herramienta para desconocer nuestros errores y nuestra cuota de culpa y, finalmente, decidir a conciencia, si realmente queremos un cambio o si simplemente nuestra queja se dirige a cuestionar los errores de los demás como un método burdo e infantil del consabido mecanismo psicológico de la proyección.
Diego F. Casasbellas Alconada
Abogado
27.667.604
